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Las antípodas de Ecuador

Quito y Guayaquil simbolizan el choque entre oficialismo y oposición y proyectos antagónicos

Francesco Manetto
Una mujer transporta alimentos en el mercado de San Roque de Quito.
Una mujer transporta alimentos en el mercado de San Roque de Quito.EDU LEÓN

Hablar de Ecuador y sus contrastes, tanto cotidianos como ideológicos, es hablar de Quito y Guayaquil. Aunque las dos principales ciudades están gobernadas desde 2014 por la oposición a Rafael Correa, la capital sigue siendo un símbolo del oficialismo mientras que el puerto del Pacífico, motor económico del país y ciudad natal del presidente saliente, es ahora la cuna de los principales adversarios del Ejecutivo.

Las elecciones presidenciales y legislativas del domingo centraban esta semana las conversaciones en el corazón de las dos ciudades. La plaza de la Independencia de Quito, delimitada por el palacio presidencial, el municipio y el arzobispado, es la mejor brújula para orientarse en el caótico callejero del centro histórico. Los quiteños la llaman plaza Grande y, como suele pasar en las ciudades de provincia de media Europa, es también un altavoz de las inquietudes, las quejas y los chismes de los vecinos. Una docena de personas guardaban cola a media mañana frente a una mesa del Consejo Nacional Electoral, en la que la Administración informa sobre los colegios y las mesas. El voto en el país es obligatorio, pero en estos comicios los votantes redoblan sus exigencias a la clase política y muestran su escepticismo, más allá de la ideología.

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“Prometer, prometer, todos prometen, pero no todo lo que dicen lo pueden cumplir”, lamenta Teresa Alarcón, que espera a ser atendida. Precisamente una promesa de Lenin Moreno, el candidato oficialista y delfín del presidente saliente, Rafael Correa, es lo que anima a Víctor Hugo Ceballos a darle su apoyo. Se trata del aumento del llamado “bono de desarrollo humano”, una prestación de ayuda a mayores y personas con discapacidad. “Ahora está en 50 dólares (47 euros) y prometió aumentarlo hasta 150”, asegura este pensionista de 73 años, cuyos sobrinos viven en Zaragoza.

Algo parecido ocurría el pasado jueves por la noche en Guayaquil en el mitin de cierre de campaña del empresario Guillermo Lasso, principal aspirante de la oposición al correísmo. Lasso prometió un millón de puestos de trabajo en cuatro años —los ecuatorianos son 16 millones— y bajar impuestos. Y esas son, junto al descontento con el actual Gobierno, dos de las razones que le sitúan como el líder con más posibilidades frente al candidato oficialista, que encabeza los sondeos con más del 30% de los votos. La tercera aspirante, Cynthia Viteri, también es de Guayaquil y, como Lasso, trata de hacer frente al modelo económico socialista con una propuesta más liberal. En cualquier caso, pese a las diferencias entre las dos ciudades, las desigualdades atraviesan todo el país. La tasa de paro en Ecuador no llega al 6%, pero alrededor del 20% de los trabajadores cobran menos de 366 dólares mensuales en un país en el que un café cuesta al menos un dólar, el cine está entre 4 y 6 y el alquiler medio ronda los 300.

No obstante, pase lo que pase el domingo —lo más probable, según las encuestas, es que la elección no se resuelva y que los ecuatorianos tengan que desempatar en una segunda vuelta— el próximo mandatario tendrá dificultades para mantener sus compromisos electorales. “Está por ver que los candidatos puedan cumplir sus promesas”, señala el economista Sebastián Oleas, profesor de la Universidad San Francisco de Quito. “Los recursos para los próximos años ya están comprometidos”, prosigue. Esta campaña está marcada por los problemas económicos, por la sombra la corrupción y el caso Odebrecht. Pero según los analistas los votantes acudirán a las urnas atendiendo también a razones prácticas que pueden determinar un cambio de ciclo.

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Ese ese el clima que se respira esta semana en Ecuador. Cambio no significa necesariamente que acabe imponiéndose un candidato de la oposición, puesto que cualquier presidente tendrá que negociar en una Asamblea que se prevé muy fragmentada. Es decir, se abre en el país una etapa en la que el diálogo será decisivo para la gestión y tratar de salir del estancamiento.

El centro de Quito es, al igual que otros cascos históricos de capitales latinoamericanas, un símbolo de ese estancamiento. Pese a ser Patrimonio de la UNESCO no ha acabado de despegar. Por la noche sus calles, jalonadas de hoteles de estilo colonial, se vacían. Con todo, hay empresarios, como Renato Solines y la arquitecta Verónica Reed, que invirtieron en un hotel boutique cuya terraza está especializada en gin tonic. Entre ayer y el mediodía del lunes no tendrán clientes aficionados a la ginebra. En el país quedó decretada la ley seca.

Denuncias por los "muertos que votan"

SORAYA CONSTANTE

En el padrón electoral ecuatoriano aún constan decenas de fallecidos. Sus familiares hicieron pública la denuncia en las redes sociales hace unas tres semanas, después de que Andrés Páez (el número dos de Guillermo Lasso), temeroso de un fraude electoral, hiciera un llamamiento en Twitter para que la gente comprobara si sus allegados fallecidos seguían dados de baja en el registro electoral. Ante la gran cantidad de denuncias que surgieron en la red social, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Juan Pablo Pozo, no tuvo más remedio que aceptar que hay errores en el padrón, aunque rebajó el número a 12 casos y atribuyó los fallos al Registro Civil. Pero negó que se trate un fraude electoral: “Una cosa es que estén empadronados y otra cosa es que estos ciudadanos sufraguen”, dijo el titular del CNE.

La queja ciudadana en redes sociales confirmó lo que venía denunciando el representante del partido Sociedad Patriótica Gilmar Gutiérrez. Esta agrupación pidió el año pasado que se corrigiera el padrón electoral, pero las autoridades hicieron caso omiso. En la víspera del proceso electoral, pusieron una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral, pero el caso fue archivado. Sociedad Patriótica no solo alertó de “los muertos que votan”, sino también de personas con dos documentos de identidad y de casos de migrantes y desaparecidos que siguen dados de alta. Lo confirma Nestor Marroquin, auditor del CNE, quien alertó de estos errores que inflarían el padrón electoral en casi un millón de personas más. La agrupación política ha reclutado voluntarios para monitorizar las mesas electorales el día de las votaciones. Tienen un 80% de cobertura, y esperan que el CNE les permita hacer una auditoría postelectoral.

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Sobre la firma

Francesco Manetto
Es editor de EL PAÍS América. Empezó a trabajar en EL PAÍS en 2006 tras cursar el Máster de Periodismo del diario. En Madrid se ha ocupado principalmente de información política y, como corresponsal en la Región Andina, se ha centrado en el posconflicto colombiano y en la crisis venezolana.

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