03 mar 2017 , 04:08

Deuda pública total del Gobierno ecuatoriano se aproxima a los $40.000 millones

Próximo Gobierno debe renegociar parte de esa deuda porque es cara, según analistas.


La deuda del Gobierno de Ecuador sigue en aumento. Hasta enero de 2017 el monto cerró en $ 39.380 millones, muy cerca del límite legal. En esa cantidad se incluyen los $ 2.500 millones de emisión de bonos de 2016 y los 1.000 millones de enero de este año por la misma operación.

 

Ramiro Crespo, analista económico, cree que el próximo Gobierno deberá renegociar el plazo y los intereses de esos bonos.

 

“Tiene que reestructurar la deuda externa globalmente, tiene que los préstamos que se vencen el año 2020-2022-2024, tienen que ser renegociados”, comentó. 

 

Con Crespo coincide Santiago García, académico de economía de la Universidad Central del Ecuador.

 

“Es que no podemos descuidar que se está convirtiendo en un gran peso el servicio de la deuda. El año anterior terminamos pagando una cantidad que me parece a mí extremadamente alta”, indicó. 

 

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Para esa renegociación el próximo presidente, dice Crespo, debe mejorar la política pública en algunos aspectos.

 

“Demostrar que el nuevo plan de Gobierno es un plan que va a favorecer el crecimiento de la economía. Tiene que mejorar la credibilidad del país, tiene que mejorar el crédito del país”, dijo.  

 

El endeudamiento interno también se incrementó. Hace una semana el Gobierno adquirió una nueva deuda con el Banco Central, eso provocó que aumente el saldo a más de $ 5.280 millones.

 

García afirma que esta deuda, como tal, no está mal, pero debe haber límites.

 

“Lo que hay que evitar es las posibilidades de ir más allá de lo que es técnicamente factible, que no haya transparencia, eso es lo que hay que evitar. Y que no topen reservas de encajes bancarios, que no topen recursos que son necesarios para la economía nacional”, opinó. 

 

Hasta agosto de 2016 en los balances del IESS constaba una deuda del Gobierno por más de $ 2.500 millones, monto que fue eliminado porque, según las autoridades del seguro social, no había un reglamento que determine el pago.

 

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